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18 06 24 PPP parte 1

Los contratos de Participación Público-Privada (PPP) son celebrados entre los órganos y entes del Estado Nacional y sujetos privados con el objeto de desarrollar una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.

Este tipo de contratos constituye una modalidad alternativa a los contratos de obra pública y concesión de obra pública, en la que existe una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo este último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto.

Con esta modalidad se busca desarrollar algunos sectores que son de especial importancia, como infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica. En noviembre del 2016 se sancionó una ley en el Senado nacional que regula esta modalidad que es nueva en el país, estableciendo un régimen para promover la inversión del sector privado en obras que son de gran importancia para el Estado y para la sociedad en sí misma; por supuesto, con una regulación específica en cuanto a obligaciones y formas de ejecución, previendo sanciones por incumplimiento de alguno de los términos.

Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tienen participación, puedan también ser contratistas, compitiendo con las firmas de capital privado.

Las PPP le permiten al Estado realizar obras que son financiadas por el sector privado y que luego las paga a largo plazo, de 8 a 12 años aproximadamente. Por otro lado, tiene la ventaja de que no se agrega a la deuda pública del país porque es una financiación subsoberana, es decir que no se financia directamente desde el Tesoro Nacional.

Este sistema, que fue desarrollado en la década de 1970 en el Reino Unido, implica la prestación de manera directa de un servicio al sector público por parte de empresas privadas, pero incluyendo el diseño, la construcción y luego la operación y el mantenimiento de una infraestructura. De esta forma, se evitan restricciones presupuestarias, sin generar deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado. Las ventajas para el sector privado son que pueden participar y llevar a cabo proyectos a una escala de la que no podrían ser parte sin la participación del sector público.

El sistema PPP tiene todo dado para funcionar. Está dentro de los programas globales de infraestructura recomendados por el G20 (Global Infrastructure Hub, Global Infrastructure Facility -World Bank, Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center -World Bank) Conjuga ciertos factores que se están dando en este momento a nivel global: necesidad de obras de infraestructura concebidas desde una lógica macro, y la liquidez del sistema financiero internacional. Tanto el sector privado como el público tienen dinero para invertir y hacerlo en un sistema de infraestructura global puede ser beneficioso para ambos. De esta forma, existen muchas más opciones de emprendimientos y obras que se pueden realizar, incluyendo recursos financieros y tecnológicos de todo el mundo, con una visión global de los proyectos.

El grupo de los 20 tiene gran energía puesta en este tipo de cuestiones, ya en China uno de los temas más importantes fue el de la conectividad y el lema del año de presidencia de Alemania fue “diseñando un mundo interconectado”. Este año, durante la presidencia argentina no es casual que se implementen los proyectos PPP.

La situación actual en la Argentina

Se creó en el Ministerio de Hacienda una Subsecretaría de Participación Público Privada. El plan del Gobierno argentino incluye la realización de 60 proyectos PPP entre 2018 y 2022 por U$S 26 mil millones. En el Presupuesto 2018 ya hay especificados 52 proyectos que incluyen la construcción de autopistas, cárceles, hospitales, viviendas y mejoras en el sistema energético.

Experiencias en otros países

Distintos países de la región y del mundo llevan años aplicando este sistema. Un reciente informe del Comité de Auditores de la Unión Europea sostiene que los PPP permitieron a las autoridades públicas adquirir infraestructura de gran escala, pero aumentaron el riesgo de una competencia insuficiente y, por lo tanto, pusieron a las autoridades contratantes en una posición de negociación más débil.

En Latinoamérica este tipo de proyectos aumentó en la última década. El informe de la Fundación CECE muestra, en base a datos del Banco Mundial, que las inversiones mediante PPP en la región aumentaron de U$S 8 mil millones en 2005 a U$S 39 mil millones en 2015. Pero este estudio también alerta sobre las modificaciones que hubo en la región: según datos de la OCDE, más del 70% de los contratos PPP suscriptos desde principios de la década del 90 hasta el año 2015 fueron objeto de renegociación.

Otro estudio publicado en mayo de 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la revista especializada The Economist, identifica los entornos más favorables para alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe: Chile y Colombia empatan en el primer lugar. Esto sucede porque “estos países tienen más de 25 años de experiencia y los marcos regulatorios están bien desarrollados”.

En los últimos años, en Argentina, el Estado había quedado como único inversor y las concesionarias, como meras ejecutoras; esto llevó a la caída de la infraestructura en el país. Actualmente se busca reactivar mecanismos de financiación e inversión en infraestructura, y dentro de este esquema es que surge la instrumentación de los PPP. En general, las obras las financia un banco hasta que la obra se termina; de esta forma, si esta no se concluye no implica un riesgo para el Estado. En Chile, por ejemplo, el modelo fue exitoso, contribuyó a esto la estabilidad macroeconómica del país. También es muy importante la confianza en el Gobierno y la percepción de que no habrá ruptura de contratos.

En la última visita que realizó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy a la Argentina, el gobierno presentó este instrumento como un camino viable para la inversión de empresas extranjeras en el país. En este sentido, nuestro país presenta oportunidades para empresas de países del primer mundo en cuanto que tiene un déficit importante de obras de infraestructura, situación que no se da en sus países de origen, donde ya se han realizado obras de esta envergadura. En el caso argentino, en esta primera etapa, se prevé entregar la ejecución de 7277 kilómetros bajo la modalidad PPP, también la estación central del RER, que es la conexión por debajo de la 9 de julio de los trenes que llegan a la Ciudad de Buenos Aires.

Se planea terminar en cinco años una red de 2800 kilómetros de autopistas y 4000 kilómetros de rutas seguras, además de la rehabilitación de 13.000 kilómetros de ruta. En promedio, cada uno de los seis corredores que salen a licitación en esta primera etapa tiene una inversión proyectada de U$S 1000 millones. En las tres etapas se contemplan desembolsos por U$S 12.572 millones en cuatro años.

El consorcio que gane deberá aportar el 10% del costo de la obra, en una suerte de capitalización del consorcio y, con ese dinero, iniciará la obra. Luego, tiene hasta fin de año para cerrar el financiamiento. Una novedad es que los bonos no tienen garantía soberana. En el caso de las rutas, el repago saldrá del fondo que se nutre con un porcentaje de la venta de combustibles. Al no ser deuda soberana se producen algunos efectos, no se consolida como deuda del Estado; aunque puede que sea más caro.

Implicancias de su aplicación en Argentina

En primer lugar, es evidente la posibilidad de multiplicar el financiamiento para la obra pública, mejorando la infraestructura básica, sin recurrir al endeudamiento del Estado. De esta forma, se ponen en marcha gran cantidad de obras necesarias para un mejor funcionamiento económico y social.

Por otro lado, pueden mencionarse cambios en la dinámica y perspectivas que necesariamente ocurren en los actores sociales que participan del sistema directa e indirectamente. Para las empresas se genera un cambio en su visión y participación en el proceso: mayor involucramiento y asunción de riesgos, mejora de la productividad, rendición de cuentas; estos son pilares fundamentales para conseguir mejores condiciones de crédito y mejorar su performance.

Asimismo la perspectiva del sector empresario tendrá que virar desde el cortoplacismo, tan enquistado en la Argentina, producto de los altibajos económicos y de los cambios drásticos de orientación, hacia una visión de más largo plazo en función de sus inversiones y proyectos que en este sistema giran en torno a los 15 años.

Para el Estado implica generar necesariamente condiciones de transparencia y confianza para un funcionamiento no deficitario y efectivo del sistema.

Para los sindicatos, los llevará a acompañar e integrarse en condiciones de mejora de la productividad, eliminando toda forma de presiones o exigencias corporativas y/o de grupos de interés particulares; tendrán que priorizar la gran oportunidad de generación de puestos de trabajo que el sistema propicia. Asimismo, el beneficio que pueden traer a la sociedad las obras realizadas tiene que ver con la visualización de mejoras y ejecución de obras que mejoran las condiciones de vida y el correspondiente involucramiento de la ciudadanía en el cumplimiento de pagos y contribuciones públicas ya que no hay mejor incentivo para ello que ver en obras el resultado de las mismas. DF
Mayo de 2018

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